CONTRABANDO, UN DELITO DEL CATALOGO DE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA, UN DELITO GRAVE EN MÉXICO

CONTRABANDO UN DELITO CONSIDERADO GRAVE EN MÉXICO El contrabando en México representa un desafío significativo para el Estado, tanto desde la perspectiva económica como de seguridad. La reciente reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo el contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Esta modificación busca combatir la impunidad y fortalecer la lucha contra delitos de alto impacto, en un contexto donde el contrabando se ha convertido en un fenómeno que afecta la economía nacional y la seguridad pública. Implicaciones del Contrabando El contrabando implica la introducción o extracción ilegal de mercancías, lo que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también distorsiona el mercado y perjudica a los productores nacionales. Las implicaciones económicas son profundas: las empresas legítimas enfrentan competencia desleal, lo que puede llevar a la pérdida de empleos y a un aumento en los precios de los productos. Además, el contrabando está vinculado a otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas, lo que agrava la situación de violencia en diversas regiones del país. Desde una perspectiva constitucional, la inclusión del contrabando como delito grave justifica medidas más severas para su persecución. La reforma establece que los jueces podrán ordenar prisión preventiva oficiosa en casos relacionados con este delito, lo que implica una carga probatoria significativa para los acusados. El contrabando de productos provenientes de China en México ha cobrado una relevancia significativa, especialmente tras las reformas al artículo 19 de la Constitución Política, que entran en vigor el 1 de enero de 2025. Estas reformas permiten la prisión preventiva oficiosa para delitos como el contrabando, lo que intensifica la lucha del gobierno mexicano contra esta práctica ilegal que afecta gravemente la economía nacional. La efectividad de estas reformas dependerá de su correcta aplicación y del compromiso del Estado para proteger tanto la seguridad pública como los derechos humanos. Las autoridades han implementado operativos para combatir la entrada de mercancías ilegales, especialmente textiles y productos piratas. En menos de siete semanas, se han incautado más de 800 millones de pesos en productos ilegales, destacando el impacto negativo que estos tienen en la industria local. Las sanciones se han endurecido, con un aumento en los aranceles a importaciones chinas y un enfoque más riguroso en la regulación aduanera. La reforma al artículo 19 es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para abordar la inseguridad y la corrupción en México. La aprobación de esta reforma fue respaldada por una mayoría significativa en el Congreso, lo que refleja un consenso sobre la necesidad de adoptar medidas más drásticas contra el crimen organizado y otros delitos graves. En conclusión, las reformas del 31 de diciembre de 2024 al artículo 19 de la Constitución representan una demostración del cambio de rumbo y es significativo en la forma en que México quiere que vean que se aborda el contrabando como un delito grave.